Más de 13 MDP Pagará Grupo Ligado a Tlacomulco a Familiares de Víctima

 

Cuando la justicia alcanza al poder del volante

 
Por Karl-os Novo
 
Tuvieron que pasar más de seis años para que el apellido de una mujer común, María Inés Ponce, volviera a pronunciarse con dignidad en los pasillos de la justicia mexicana. La anciana, atropellada el 28 de agosto de 2017 en las calles de Álvaro Obregón, murió víctima no solo de la imprudencia de un conductor, sino del largo y desgastante silencio que suele acompañar a quienes enfrentan a las grandes empresas del transporte.
El Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito en materia Civil del Primer Circuito resolvió de forma definitiva: la empresa Autobuses México–Toluca–Zinacantepec y Ramales S.A. de C.V., perteneciente al grupo empresarial de los hermanos Alcántara —ligados al poderoso Grupo Atlacomulco—, deberá pagar 13 millones de pesos por responsabilidad civil objetiva, daño moral e intereses moratorios a los familiares de la víctima.
La resolución judicial confirma lo que durante años fue evidente: la falta de pericia y de protocolos de seguridad por parte de los operadores de transporte público puede tener consecuencias irreparables. La vida de una persona no se mide en cifras, pero en un país donde la impunidad al volante es casi cotidiana, este fallo representa un precedente que devuelve un poco de fe en el sistema judicial.
Los abogados de los deudos han señalado con justa indignación que la empresa se mostró inhumana e irresponsable, negándose a reparar el daño incluso antes de iniciar la contienda legal. Una postura cínica, considerando la magnitud de sus inversiones en transporte y aviación. Pero así son muchos gigantes del sector: cuando la tragedia los alcanza, intentan esconderse tras el blindaje de sus corporativos.
Hoy, la sentencia a favor de la familia Ponce Gómez no borra el dolor, pero reivindica la memoria de una mujer que caminaba tranquilamente por su colonia y fue arrollada por el descuido. También deja una lección para los empresarios que mueven miles de pasajeros cada día: el volante no solo carga con vidas, también con la responsabilidad moral y civil de cuidarlas.
La justicia llegó tarde, pero llegó. Y eso, en México, ya es noticia.

Sheinbaum y su Estado que padece síndrome de “jovenofobia”

*** Sin ton, ni son, parásitos policiacos arremeten en contra de supuestos “jóvenes del mal”
*** Por enésima ocasión, elementos de la SSC-CDMX, atentan contra familiares del destacado periodista y Doctor en Derecho Juan Carlos Martínez Nava
BLAS A. BUENDÍA *

Continúan los ataques de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) que dirige Pablo Vázquez Camacho, Comisario General contra familiares y amigos del periodista Juan Carlos Martínez Nava, ahora tocó el turno a uno de sus sobrinos, a quien detuvieron y torturaron para que se inculpara del delito de robo.

Las represalias se hacen presentes cuando detienen a uno de sus sobrinos fuera de su domicilio, según, por el supuesto delito de “robo”, lo cual fue totalmente falso.

Sin embargo, “en el supuesto sin conceder, de ser culpable del delito”, el protocolo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados Internacionales, el Código Penal, y el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que los sujetos presuntamente cometa un delito, deben ser trasladados a la Agencia del Ministerio Público más cercano de su jurisdicción donde supuestamente fue el delito, y no a callejones del Centro Histórico de la Ciudad de México, para torturarlo y sistémicamente acusarlo de un delito que no corresponde a la realidad.

Tal como sucedió con un joven de la localidad de nombre “kevin” de 20 años edad, quien fue acusado de “robo con violencia, mano armada, droga y delincuencia organizada (cometido por más de tres personas) y lo que resulte”, lo cual de nueva cuenta la existencia de fabricación de delitos.

Lo más relevante del caso que el joven detenido por elementos del Sector Asturias, es que de igual manera torturaron y golpearon brutalmente hasta el cansancio, dejando secuelas de su hospitalización, con daños en los riñones, por lo que requiere ahora de ser dializado.

Es evidente que cualquier joven que sea su condición económica, cultural, social, geográfico y psicológica, pueda ser detenido circulando por la vía pública y ser torturado por estos elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de esta gran urbe; es evidente la existencia de los fenómenos de “jovenofobia” o “neofobia juvenil”, sobre contra la generación Z.

Cuáles son las causas por la cuales estas autoridades de manera constante atacan a los jóvenes: miedo a la energía o vitalidad de los adolescente o jóvenes, aversión a la música, la moda o la cultura juvenil (no apta para veteranos), prejuicios o discriminación, miedo a la pérdida de autoridad control frente a los jóvenes.

Pero, ¿cuáles pudieran ser las causas que los jóvenes se estén comportando de manera diferente y que la propia autoridad ni en lo más mínimo se ha dado cuenta?: cambios sociales o culturales que pueden generar ansiedad, inseguridad, experiencias negativas o traumáticas.

Por ejemplo, las detenciones ilegales a sus seres más queridos, torturas, consignaciones ilegales, fabricación de delitos, abuso de autoridad, la falta de credibilidad de un hecho, autoridades coludidas con el Estado, sobre todo con el Ministerio Público, el asesinato de un ser querido y no poder hacer nada.

Lo primordial del Estado es educarlos y sensibilizarlos para ayudarlos, para entender y apreciar la diversidad y complejidad de los jóvenes, no sólo son golpes físicos y psicológicos (torturas), consignaciones, sino una secuela crítica.

¿Cuál podría ser el tratamiento? Primero, contar con autoridades más competentes, conocedoras de los derechos humanos sobre todo en atención a los jóvenes, ayuda psicológica en vez de consignaciones y sobre todos, alejadas de las mentiras, la fabricación de delitos, terapia cognitiva para cambiar patrones de pensamiento y comportamiento negativos, terapia de exposición para ayudar a la persona a enfrentar sus miedos de manera gradual y segura.

Antecedentes

Es importante destacar que el comunicólogo mexicano y Doctor en Derecho Juan Carlos Martínez Nava, después de haber realizado varias denuncias ante la Comisión de Derechos de Humanos de la Gran Ciudad de México, Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos (FSP) de la Fiscalía General de Justicia de esta ciudad, (FGJ-CDMX) contra elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otras, lo gravoso del caso es que han dejado de acatar las órdenes de sus superiores, de acercarse a su familia y domicilio, se rigen por sí mismos, violentado todos lo establecido en la Carta Federal y Tratados Internacionales.

Así es que, si el Estado padece el síndrome de “jovenofobia” o “neofobia juvenil”, está obligado a investigar de manera profunda cada asunto tratándose de elementos de la SCC, verificando la existencia de violaciones procesales y de derechos humanos, todos los anteriores así como el acoso, de continuar con estos actos aberrante, deberá pagar por Omisión o por Acción, los daños y perjuicios a niños, adolescentes, jóvenes, periodista, luchadores sociales, cantidades que duela para impedir que continúen.

Por lo mientras, sin ton, ni son, los parásitos policiacos siguen arremetiendo en contra de supuestos “jóvenes del mal”.

Reportero Free Lance *

Premio México de Periodismo Ricardo Flores Magón-2021

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